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La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha aprobado el primer Código de Ética en la historia de su sistema judicial. Dicho documento ha sido promovido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del programa de cooperación "Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Administración de Justicia" que desarrolla en varios países latinoamericanos con el fin de fortalecer y modernizar el sistema panameño de administración de justicia, darle mayor transparencia y fortalecer su integridad.
La necesidad de crear un código como este se identificó por primera vez en 2002 cuando se aprobó en Panamá una ley para establecer normas éticas en los organismos públicos. Sin embargo, fue con ocasión de la XIII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana que tuvo lugar en República Dominicana en el mes de junio de 2006 cuando se centraron las bases fundamentales para la elaboración a posteriori del Código panameño basado en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial.
El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial estableció una serie de principios que definen el buen ejercicio de la actividad del Juez en todo el área iberoamericana y fue suscrito por la totalidad de Presidentes que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana.
El Código de Ética panameño establece los principios y pautas de conducta dirigidos a los jueces con el fin de lograr una mayor "transparencia y calidad de la Justicia". Según indica la Corte Suprema de Justicia panameña, "La elaboración de un Código de Ética se presenta no sólo como un emprendimiento coherente con la investidura judicial y de la función jurisdiccional, sino además, como imperativo de la ciudadanía que exige excelencia en el desempeño de un órgano judicial honesto, idóneo, independiente, justo e imparcial que garantice, efectivamente, el principio de legalidad, los Derechos Constitucionales de las personas y la justicia como valor fundamental del ordenamiento jurídico".
El documento, de XVII Capítulos y 103 artículos se elaboró con el auspicio y financiación del fondo mixto de cooperación hispano-panameño. El coste del trabajo tendrá un 30 por ciento de financiación a cargo del Gobierno de Panamá y un 70 por ciento del gobierno español.
El documento será presentado oficialmente en la reunión anual de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial que tendrá lugar en Panamá.